Publicado en El Agitador el 31-5-2016
Este año celebramos un aniversario prácticamente olvidado. Sin pena ni gloria, se han cumplido 30 años de aquello del: ¡Ya somos europeos! Ahora, cuando el prestigio de la Unión Europea anda por los suelos, casi parece que nuestra presencia en la UE ya venía “de fábrica”. Pero lo cierto es que entrar en ella no fue nada fácil. La estructura de la economía nacional, y principalmente la falta de democracia, impidieron que España formase parte del Mercado Común.
Durante sus primeros años la dictadura franquista pagó el caro precio de su idilio con las potencias del Eje durante la Guerra Civil y el primer tramo de la Segunda Guerra Mundial. Tras ésta, se produjo un crítico periodo de aislamiento para el régimen y de veto en los organismos internacionales después de la condena al franquismo en la Asamblea de la ONU de diciembre de 1946. El país, sumido en una grave crisis económica, no solo como consecuencia de la Guerra Civil, sino también de su propia política económica –la autarquía-, quedó fuera del Programa de Reconstrucción Europea (1948) que pasaría a la historia por el apellido del secretario de Estado estadounidense: el Plan Marshall.
Que el viejo continente daba la espalda al franquismo se hizo evidente cuando en Europa comenzaron a sonar las campanas de la unidad tras la devastadora Segunda Guerra Mundial. Un hecho poco conocido fue presencia del Gobierno de la República española en algunas instituciones internacionales: mientras aquí se hablaba de otro Movimiento bien conocido por nuestros padres y abuelos, en Europa se creaba el Movimiento Europeo en 1948, órgano que contó con W. Churchill y en L. Blum como presidentes de honor, y que acabó convirtiéndose en el Consejo de Europa, un órgano en el que España tuvo vetada su entrada hasta 1976 (dicho sea de paso, el Consejo de Europa es un ente que ha servido para muy poco desde su formación, pero supuso el primer intento serio de establecer un dispositivo supranacional en el viejo continente).
Sin embargo, la geopolítica jugaría a favor del dictador en los siguientes años y, gracias a la guerra velada entre soviéticos y occidentales –norteamericanos principalmente-, el régimen recibió un balón de oxígeno con la firma de los acuerdos bilaterales hispano-norteamericanos en 1953 que supusieron la llegada de las bases militares americanas al suelo español. Dos años después, el viejo país ibérico, ahora amigo, era admitido como miembro de la ONU. Sin embargo, cuando en Europa ya se oían campanas de integración, la España franquista seguía muy alejada de la senda europea.
Para entonces, la integración europea había dado sus primeros pasos. El primero de ellos sería la Declaración Schuman de 1950, desde entonces el Día de Europa (9 de mayo), que con el carbón y el acero de una región junto al Rin (la antigua Lotaringia) como punto de partida, aspiraba a desarrollar, a medio y largo plazo, los procesos de integración europea. Un año después nacía la CECA, que por entonces contaba con solo seis países y se limitaba al sector del carbón y la siderurgia. Todavía quedaba mucho por andar para llegar hasta la meta de la integración política, pero el proyecto unificador europeo seguía avanzando y pronto (enero de 1958) llegarían la atómica EURATOM y la CEE, esta última con un objetivo mucho más ambicioso: la creación de un gran mercado único.
Entretanto, en España se producían tímidos avances. En 1957 llegó un nuevo gobierno, contando entre sus figuras destacadas con Carrero Blanco o Laureano López Rodó. Fueron los llamados tecnócratas quienes apartaron a Franco de su empeño autárquico y abrieron las vías de la liberalización económica y el desarrollismo con el Plan de Estabilización. Sin embargo, también este mismo gobierno redactó la Ley de Principios del Movimiento (1958) que apuntalaba los cimientos antidemocráticos del régimen.
En cuanto a la relación con Europa, el aparato franquista se enfrentaba a un intenso debate interno. El debate entre las familias franquistas estaba servido. Tradicionalistas, falangistas o los más reaccionarios en el terreno económico, no estaban dispuestos a integrarse en el liberalismo europeo al que veían como una amenaza para la propia naturaleza del régimen. Carrero Blanco o el propio Franco se encontraban entre los más antieuropeístas. Por el contrario, católicos y tecnócratas creían que Europa significaba modernización social y económica. Los católicos se significaron creando órganos como el CEDI (1952), una vía de contacto con la derecha demócrata europea, o la Asociación Española de Cooperación Europea (1954), que contó con José María Gil-Robles como presidente. Los tecnócratas, a pesar de ser fieles a los principios fundamentales del régimen, anhelaban la modernización social y la paulatina liberalización económica de España que podría abrir al país jugosos mercados exteriores.
Finalmente, Franco y los más reaccionarios acabaron comprendiendo que si la economía española quería crecer, había que abrirse a Europa. En 1957 se creó la Comisión Interministerial para el estudio de la Comunidad Económica (CICE). Dos años después los principales agentes económicos del país –sondeados por el Gobierno-, se mostraron favorables al acercamiento al Mercado Común, y en 1960 se fundó una Misión Diplomática ante la CEE en Bruselas. Por entonces la CEE dio vida a unas siglas que todavía nos siguen sonando, la PAC (Política Agrícola Común), lo cual significó un serio contratiempo para las exportaciones agrarias españolas.
Y entonces se produjo el famoso Contubernio: durante los días 5 y 6 de junio varios moderados antifranquistas españoles (liberales y democristianos), participaron en el Congreso del Movimiento Europeo celebrado en Múnich. El enlace entre Juan Carlos de Borbón y Sofía de Grecia, sirvió como antesala de la “conspiración”. La reunión de Munich no era baladí porque reunía, por primera vez, a aquellos que militaban en el bando vencedor en la Guerra Civil –ahora tímidamente opositores-, junto a los derrotados, es decir, varios representantes de partidos en el exilio (si bien los comunistas no fueron invitados). Los reunidos concluyeron que España, sin democracia, no podía entrar en el tablero de las Comunidades europeas. Aunque la declaración no tuvo transcendencia política en un principio, muchas voces lo consideran, de algún modo, como el principio del fin de la dictadura. De inmediato sí acarreó represalias por parte del franquismo contra los participantes en el Contubernio de Munich. Aquella España del desarrollismo seguía firmemente apoyada por su aliado norteamericano y consiguió ese mismo año entrar en importantes instituciones de la economía mundial, como el FMI, el Banco Mundial o la OCDE.
Pero, por mucho aperturismo económico, la falta de democracia seguía suponiendo un lastre insalvable para entrar en Europa. El Gobierno lo sabía bien, y por eso la fórmula a la que el país aspiraba no iba más allá de una “vinculación” comercial, que se alejó tras la represión a los participantes en el Congreso de Múnich y, sobre todo, cuando Julián Grimau fue fusilado por el régimen en la primavera de 1963.
La vinculación comercial
Un año después el Gobierno franquista lo volvía a intentar y conseguía, por fin, el inicio de conversaciones “exploratorias”. A pesar de la negativa del Parlamento Europeo se impuso el interés de la RFA y nuestros vecinos franceses. Varios problemas –no todos relacionados con la falta de democracia en España- dilataron las conversaciones y, entre tanto, llegó un cambio de Gobierno en el verano de 1965 y un nuevo representante ante las comunidades, el ahora embajador Alberto Ullastres. Su pragmatismo le condujo a tratar de convencer al Gobierno para que negociase únicamente un acuerdo de comercio preferencial, sin aspirar a acuerdos políticos de adhesión. Tras solventar serios contratiempos se llegó a una propuesta de acuerdo comercial traducido en dos etapas, con una primera consistente en rebajas arancelarias con distintos baremos según productos. El tratado de Acuerdo Preferencial fue firmado en Luxemburgo el 29-6-1970 y entró en vigor el 1 de octubre. España resultó muy beneficiada en el sector industrial, pues los técnicos de la Comisión minusvaloraron el potencial de la industria española y su capacidad de exportación.
El franquismo presentó el Acuerdo como un gran triunfo de la política exterior, aunque lo cierto es que fue un éxito económico y no político, pues nada cambió en el veto a la dictadura.
Los últimos estertores del franquismo: negativa europea a una mayor integración
A raíz de la ampliación inminente en la CEE (Irlanda, GB, Dinamarca) el Gobierno de España solicitó ya a finales de 1971 una revisión del Acuerdo Preferencial a favor de la agricultura española y algún tipo de asociación más formal con el Mercado Común. Con la entrada de los nuevos países se firmó un protocolo adicional al Acuerdo de 1970.
Hubo nuevas negociaciones que no llegaron a buen puerto porque la presión antifranquista internacional se estaba endureciendo. Ni siquiera la llegada del aperturista Cortina a Asuntos exteriores mejoró las cosas. Exactamente un año antes de la muerte de Franco, el embajador ante las Comunidades, Alberto Ullastres, amenazó con suspender las conversaciones si no se introducían mejoras para los intereses de la agricultura española. Los comunitarios no cedieron y las negociaciones se interrumpieron. Sin embargo, ninguna de las dos partes deseaban romper y las conversaciones se retomaron en secreto en enero de 1975. Ullastres y el director general de Relaciones Exteriores de la Comisión Europea, Kergolay, eran conscientes de que la muerte de Franco estaba cercana y que las cosas pronto cambiarían en España. Se alcanzó un principio de acuerdo, pero el fusilamiento de cinco miembros de grupos terroristas en septiembre de 1975 desató una oleada de protestas por toda Europa, que animaron reactivar el aislamiento a España. El Consejo de Ministros de la CEE acordó el 1-10-75 suspender contactos con el Gobierno franquista.
La última etapa hacia Europa
Una vez muerto Franco, el nuevo ministro de Asuntos Exteriores, J.M. de Areilza, de marcado talante europeísta, inició los contactos para avanzar en el camino hacia la integración mientras el Parlamento Europeo exigía la llegada de la democracia a España. Poco a poco la Transición fue abriéndose camino: la Ley para la Reforma Política, la legalización de partidos y la celebración de elecciones allanaron el camino para que España pudiera obtener una respuesta favorable a la petición de “integración de España en dicha Comunidad como miembro de pleno derecho”. Adolfo Suárez concedió el máximo interés a la entrada en Europa, tal y como demostró en febrero de 1978 nacía el Ministerio para las Relaciones con las Comunidades Europeas, con Calvo-Sotelo al frente. El proceso democrático avanzaba firmemente, pero habría otro problema no menos importante: la economía española. Europa propuso un periodo de adaptación y reconversión económica de diez años de duración.
Las negociaciones comenzaron el 5-2-1979. España no quería que éstas se orientasen hacia la apertura de la segunda fase del acuerdo comercial de 1970, sino que se pretendía entrar en el Mercado Común como miembro de pleno derecho. Pero el país debía avanzar mucho en cuanto a la liberalización socioeconómica y el proceso de integración fue más lento de lo esperado, sobre todo por la reticencia francesa al ingreso en la CEE de España, pues sería un directo competidor en el sector agrícola. Se superó el veto francés o Giscardazo, el Tejerazo de febrero de 1981 y, tras el relevo de Suárez por Calvo Sotelo, se solicitó entrar en la OTAN, cuyo ingreso efectivo se llevó a cabo en mayo de 1982 (si bien solo, por el momento, en la estructura política).
Después del verano de Naranjito las elecciones de octubre dieron el triunfo al PSOE, que ya en campaña había adelantado su claro talante europeista. España, representada por Fernando Morán (Asuntos Exteriores) y Manuel Marín (Secretario de Estado para las Comunidades), se vio favorecida con la llegada de Miterrand a la República francesa, del también socialista Bettino Craxi al Gobierno de Italia, e incluso por el apoyo de los democristianos alemanes, con Helmut Khol a la cabeza.
Tras las negociaciones de los paquetes más complejos (agricultura, pesca, las Canarias…) y superados los trámites en el Parlamento y el Senado, el 1 de enero de 1986 España, junto a Portugal, entró a formar parte de la Comunidad Económica Europea. Dos meses después el referéndum de la OTAN resultó favorable para los intereses del Gobierno mientras se incorporaba plenamente a los procesos de integración europea.
Para saber más:
Julio Gil Pecharromán, Historia de la Integración Europea, UNED, 2014
http://www.lavanguardia.com/hemeroteca/20120605/54303390132/contubernio-munich-politica-oposicion-antifranquista-movimiento-europeo.html (fecha de consulta: 19-5-2016)