Seis siglos separan las décadas centrales del siglo XIV con la Guerra Civil 1936-1939. Seiscientos años en los que, la zona menos conocida del Castillo de Caspe, la cara norte, ha ido transformando su aspecto a raíz de las exigencias marcadas por el guión de la Historia.
Concebida como ampliación de la fortaleza primitiva, todos los expertos coinciden en datar su construcción en el siglo XIV, muy posiblemente bajo el mecenazgo de Juan Fernández de Heredia, el gran humanista aragonés que entre 1377 y 1396 llegó a máximo dignatario de la Orden de San Juan del Hospital (quien pudo utilizar para ello tanto fondos de su propia fortuna como del tesoro de la Orden). Si la Edad Media fue la época dorada del Castillo de Caspe (en 1412 se celebró dentro de sus muros el célebre Compromiso), cinco siglos después las exigencias del contexto histórico transformaron los centenarios lienzos del ala norte, ya por entonces ruinosos, en prisión. La colegiata anexa dejó de ser utilizada como cárcel en el año 1844, cuando para tal fin se habilitó el Castillo (Soro y Bendicto, 1993: 120).
Habían transcurrido 100 años cuando en septiembre de 1931 la Dirección General de Prisiones -presidida por Victoria Kent- ordenó el cierre de las cárceles que no reunían las condiciones adecuadas para el alojo de presos, entre ellas, la de Caspe. Sin embargo, dos años después la prisión fue abierta de nuevo a raíz del hacinamiento carcelario de la provincia consecuencia de la situación socio-política de la época. En aquella etapa, el número de reclusos, por término medio, no superaba la docena (Iván Heredia, 2007: 221-222).
El estallido de la Guerra Civil trajo novedades a la prisión; tras la sublevación armada el capitán de la Guardia Civil de Caspe, José Negrete, respaldó el Alzamiento, depuso a la corporación municipal, estableció patrullas en la población, y comenzó a detener a lo más granado del izquierdismo local. Así, nuevos moradores ocuparon las celdas del histórico edificio. Negrete, quien durante varias horas retuvo a los rojos más significados del pueblo en la puerta del cuartel a pleno sol (posteriormente decidió liberar a la mayor parte de los mismos), condujo a seis de ellos al Castillo. Bajo la acusación de «detenidos por infracción del bando de declaración del estado de guerra», Carrascón y García por el Socorro Rojo Internacional, Serrano por la CNT, Royo por el PCE y Cereza y Gómez por la UGT, fueron conducidos a la prisión de la localidad, si bien recibieron un trato cortés por parte del entonces jefe de la prisión, Manuel Hueso:
«Ingresamos en una celda especial donde recibimos toda clase de antenciones por Manuel Hueso jefe de la prisión, no fuimos objeto de ninguna amenaza pero sí mucha amabilidad hasta facilitarnos tabaco, leche y café, permitirnos ver a nuestra familia a pesar de tenernos incomunicados por orden del referido capitán y órdenes severas sobre nuestra detención…Donde podemos acreditar que una vez liberados por las fuerzas leales éstos querían fusilarlos a los carceleros imponiéndonos nosotros enérgicamente y a que solamente habíamos recibido atenciones y alientos para obtener de nuevo la libertad, nuestras fuerzas al ver nuestra actitud y nuestros razonamientos le contestaron: «Esto te salva»» (AHN, Causa General, leg. 1427, anexo 1/5).
Ya durante la «etapa roja» la llegada de presos políticos procedentes de pueblos limítrofes conllevó que la vieja cárcel de Caspe llegase a cobijar a 130 reclusos. La cárcel se quedaba pequeña, y por ello fue necesario habilitar como presidio un céntrico granero en la calle Zaragoza. Los nuevos presos fueron en su mayoría derechistas, aunque también se tiene constancia de la reclusión de varios anarquistas a raíz de la disolución del Consejo de Aragón. Como es bien sabido, el 11 de agosto de 1937 el Gobierno de España, manu militari, finiquitó el Consejo de Aragón; según parece, los nuevos gobernantes impusieron también a sus propios funcionarios en el recinto carcelario, tal y como es palpable en un documento (facilitado por Manuel García) en el que la Dirección General de Prisiones nombró nuevo jefe de la prisión de Caspe a Andrés Rosique, (aunque tras la ocupación «nacional» de la ciudad, Manuel Hueso, recuperó el puesto de jefe de la prisión).
Cuando llegó marzo de 1938 y las tropas bajo el mando del general Franco ocuparon el Bajo Aragón, la cárcel no solo aumentó el número de alojados, sino que llegó a doblarlos (la superpoblación fue marca de la casa en las prisiones franquistas durante la guerra y la inmediata posguerra). Según los documentos conservados en el Archivo Provincial de Zaragoza, en algunas semanas del año 1938 la cárcel de Caspe, como etapa intermedia de la Prisión Provincial de Torrero, llegó a alojar a más de 250 convictos. No obstante, en varias ocasiones la justicia franquista se encargó de aliviar la saturación del presidio: la madrugada del 12 de agosto de 1938 la Guardia Civil se presentó en el Castillo reclamando a los maellanos Orencio Ariño, José Dolz y Ángel Liarte para, acto seguido, ejecutarlos. Días después se repitió el proceso con los andorranos Felipe Ginés y Antonio Ginés. El 14 de octubre llegó el fatídico turno para tres nuevos presos: Clemente Morales, Ricardo Pérez y Manuel Siso, estos dos últimos vecinos de Mequinenza. También fueron sacados del Castillo para su ejecución Raimundo Blasco, Pedro García y H. Martínez (AHPZ Prisión de Partido de Caspe. Exp. 5727/4, 5 y 6).
El número de presos alojados en el penal caspolino continuó frisando la cifra de 250 durante los meses centrales de 1939. Y aunque la prisión fue oficialmente clausurada el 30 de noviembre de 1939, el edificio siguió alojando convictos durante años. A mediados de la década de los 40 se proyectó vaciar definitivamente la cárcel del Castillo a través de la construcción de un nuevo edificio penitenciario (en la sesión plenaria del 24-3-1945 del Ayuntamiento de Nonaspe se acordaba la negativa a contribuir económicamente a la construcción de la nueva cárcel de Caspe). Sin embargo, la obra nunca llegó a realizarse y, al menos hasta 1953 (fecha del último graffiti del que tenemos constancia), el edificio siguió haciendo las veces de presidio.
El juzgado comarcal anexo utilizó posteriormente parte de las decrépitas salas de la cara norte del castillo. Incluso llegaron a celebrarse matrimonios civiles en una de sus estancias en las que (al igual que hoy), revoques y pinturas ocultaban a ojos de ajenos y extraños la presencia de potentes arcos ojivales en las paredes.
Tras el derrumbe del año 2002 se llevaron a cabo obras en la zona norte que, básicamente, consistieron en reconstruir la pared venida abajo además de aliviar de cargas a los maltrechos muros del edificio.
Las glorias pasadas han dejado paso a elementos mucho más rudimentarios: una uralita cubre el tejado y un candado impide el acceso a un lugar donde se dan cita arcos góticos y graffitis contemporáneos.
Una vez terminados los fastos del 2012 parecemos haber olvidado que el castillo sigue reclamando una intervención que nos permita rememorar tiempos de comendadores, compromisos, reyes, y presos políticos. Éstos, dejaron grabados en los muros de las mazmorras su paso por Caspe (tal y como puede comprobarse en las fotografías que adjuntamos). Las firmas de muchos de ellos todavía se conservan impresas sobre sus lienzos. Ellos también forman parte de la historia local. Quizá algún día podamos visitar su pequeño legado si, para entonces, los dibujos no se han perdido irremediablemente.
